Investigan a Nike por presunta discriminación contra personas blancas en Estados Unidos

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una investigación formal contra la empresa de calzado y ropa deportiva Nike, señalándola por presuntas prácticas de discriminación contra personas blancas. Este procedimiento se enmarca en un esfuerzo coordinado por el Ejecutivo estadounidense para erradicar las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) tanto en el sector público como en las grandes corporaciones privadas del país.

El equipo de comunicación de la Casa Blanca señaló que el objetivo central de esta intervención es revisar si las políticas internas de contratación y promoción de la firma han vulnerado los derechos de igualdad ante la ley. Según las autoridades, estas acciones responden a una estrategia gubernamental para asegurar que ninguna empresa privada implemente criterios basados en raza o género que puedan resultar en una desventaja para ciertos sectores de la población.

Esta medida ha generado una amplia discusión en el ámbito corporativo internacional, dado que Nike es una de las marcas con mayor presencia operativa en México, donde emplea a miles de trabajadores en sus plantas de manufactura y redes de distribución. Analistas laborales sugieren que, aunque la investigación se centra en territorio estadounidense, cualquier cambio en las políticas globales de la empresa podría repercutir en sus operaciones dentro de las entidades federativas mexicanas.

Por su parte, los representantes legales de la empresa han manifestado su disposición para colaborar con las autoridades durante el proceso administrativo. La postura de la compañía subraya que sus programas internos siempre han buscado fomentar un ambiente laboral profesional y competitivo, rechazando categóricamente cualquier intención de favorecer a grupos específicos mediante prácticas excluyentes.

La administración federal estadounidense ha reiterado que esta investigación es solo el comienzo de una serie de revisiones legales dirigidas a empresas que han adoptado estándares de equidad que, a juicio del actual gobierno, podrían ser inconstitucionales. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los criterios técnicos que utilizarán las dependencias involucradas para determinar si existen elementos suficientes para proceder con sanciones administrativas.