miércoles, 12 de agosto de 2026
México

Madre de Erick Teherán exige a la SEP cerrar escuelas militarizadas

Familiares de Erick Teherán Torbellín reclaman el incumplimiento de la Secretaría de Educación Pública sobre el desmantelamiento de planteles militarizados tras antecedentes de violencia.

Redacción Diario Central
Foto: sdpnoticias.com

La madre de Erick Teherán Torbellín ha denunciado públicamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el incumplimiento de la promesa realizada en 2025 respecto al cierre de escuelas con régimen militarizado. La demandante sostiene que la dependencia federal poseía información detallada sobre incidentes previos y decesos ocurridos en instituciones de esta naturaleza, señalando una omisión grave en la supervisión y seguridad de los estudiantes.

El reclamo se centra en la falta de acciones concretas tras los compromisos institucionales expresados el año pasado, cuando la SEP anunció una revisión profunda de los protocolos en centros educativos que operan bajo esquemas de disciplina castrense. Según los familiares, la autoridad educativa ya tenía conocimiento de los riesgos que enfrentan los menores en estos entornos, sin embargo, el proceso de clausura o reestructuración prometido no se ha concretado en los términos establecidos.

La exigencia de justicia por el caso de Erick Teherán Torbellín ha reactivado el debate nacional sobre la pertinencia de la formación militarizada en el sistema educativo mexicano. Los representantes de la familia han solicitado a las autoridades federales una rendición de cuentas sobre el estado actual de estos planteles y los criterios que se siguen para permitir su operación ante los antecedentes de violencia reportados.

Por su parte, la SEP ha reiterado en diversos foros su postura sobre la necesidad de garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia, aunque no ha emitido una respuesta directa sobre el retraso en los cierres prometidos. Los colectivos que acompañan a la madre han advertido que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta clara sobre las medidas administrativas que se aplicarán contra los centros educativos señalados por presuntas negligencias.

La controversia pone en relieve la tensión entre los modelos de disciplina rígida y la protección de los derechos humanos en el ámbito escolar. Mientras tanto, el caso sigue bajo la lupa de organizaciones civiles que observan con atención la respuesta del Gobierno Federal ante las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas.

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