Mercado ilícito de tabaco impacta al erario con pérdidas millonarias

El comercio ilegal de productos de tabaco en México ha consolidado una compleja red de distribución que amenaza la recaudación fiscal del país, con pérdidas estimadas en hasta 35,000 millones de pesos al año. Este fenómeno persiste a pesar de los constantes incrementos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una medida que, lejos de frenar el consumo de productos no regulados, ha incentivado el crecimiento de un mercado paralelo en diversas entidades del territorio nacional.

Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que las organizaciones criminales han implementado una estrategia mixta para evadir los controles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta táctica combina la introducción de cargamentos de contrabando provenientes del extranjero con la fabricación local de cigarros clandestinos, los cuales carecen de las advertencias sanitarias obligatorias y no cumplen con los estándares de calidad exigidos por la Secretaría de Salud.

Esta competencia asimétrica distorsiona el mercado formal, permitiendo que los productos ilegales se comercialicen a precios significativamente menores que las marcas legales. La falta de control sobre estos artículos no solo afecta la recaudación del SAT, sino que también representa un riesgo latente para la salud pública al carecer de cualquier tipo de supervisión sobre los insumos utilizados en su elaboración, un problema que preocupa a las autoridades de vigilancia sanitaria.

Ante este escenario, diversas voces especializadas sugieren que las estrategias de combate deben trascender el ámbito meramente fiscal. Se requiere una coordinación más efectiva entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y las administraciones estatales para desarticular los centros de acopio y las fábricas clandestinas que operan en diversas zonas industriales y mercados informales del país.

El desafío para el gobierno federal radica en equilibrar la política recaudatoria con acciones de inteligencia que permitan cerrar las rutas de distribución ilegal. Mientras tanto, el sector formal continúa insistiendo en la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y vigilancia aduanera para evitar que este mercado siga ganando terreno frente a los productos que sí cumplen con todas las normativas vigentes.