Organizaciones civiles exigen al gobierno federal la prohibición total del fracking

Un grupo de 32 organizaciones de la sociedad civil presentó esta semana una exigencia formal para que el Estado mexicano prohíba de manera total y permanente la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en todo el territorio nacional. Los colectivos argumentan que esta práctica extractiva representa una amenaza grave para los mantos acuíferos y la estabilidad ecológica de diversas regiones del país, solicitando que la política energética priorice la protección del medio ambiente sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales.

La postura de las organizaciones se centra en la crítica hacia los comités técnicos establecidos para evaluar las actividades extractivas. Según los voceros de estos grupos, los organismos actuales no han planteado la pregunta fundamental sobre si el país debe o no continuar utilizando esta técnica, sino que se han limitado a discutir los mecanismos operativos para minimizar los riesgos ambientales percibidos. Los activistas califican este enfoque como una forma de buscar el uso de la fracturación hidráulica con menos cuestionamiento social, evitando un debate profundo sobre la sostenibilidad energética a largo plazo.

Dentro de sus argumentos, los representantes de la sociedad civil señalaron que los daños potenciales al subsuelo y la contaminación de fuentes de agua potable son irreversibles. Por ello, instaron a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Energía a revisar los permisos vigentes y a establecer una moratoria inmediata en las zonas donde se han reportado afectaciones por la actividad industrial.

El debate sobre el uso de este método ha cobrado relevancia debido a las preocupaciones crecientes de comunidades rurales, las cuales han manifestado su oposición a la instalación de infraestructura petrolera en sus tierras. Las organizaciones exhortaron al Congreso de la Unión a legislar en favor de una prohibición explícita que blinde los recursos naturales, argumentando que México debe transitar hacia modelos de energía renovable que no comprometan la seguridad hídrica de las futuras generaciones.

Hasta el momento, las dependencias gubernamentales no han emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de una prohibición total. Las organizaciones advirtieron que mantendrán su presión mediática y legal, buscando que el tema sea incluido en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones para garantizar que la política de hidrocarburos se alinee con los compromisos climáticos internacionales y la protección de los derechos humanos.