Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas para cubrir gastos de salud

Diversas organizaciones civiles y especialistas en salud pública hicieron un llamado este 15 de septiembre al Congreso de la Unión para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas. La propuesta surge ante el creciente impacto financiero que el consumo de estas sustancias representa para el presupuesto del IMSS y el sistema IMSS-Bienestar, instituciones que destinan una parte significativa de sus recursos a atender padecimientos derivados del alcoholismo.

Los promotores de esta iniciativa argumentan que los costos asociados a la atención médica por enfermedades crónicas, accidentes viales y complicaciones hepáticas superan ampliamente la recaudación actual obtenida por los impuestos existentes. Según los planteamientos presentados, un ajuste en la carga fiscal permitiría desincentivar el consumo nocivo y, simultáneamente, obtener ingresos etiquetados para fortalecer la infraestructura hospitalaria y los programas de prevención de adicciones en el país.

Desde la perspectiva de los proponentes, la medida debe ser considerada como una política de salud pública preventiva y no solo como un mecanismo de recaudación hacendaria. Argumentan que la carga económica que recae sobre el Estado por la atención de pacientes con enfermedades vinculadas al alcohol limita la capacidad de respuesta ante otros desafíos sanitarios que afectan a la población mexicana en diversas entidades federativas.

Por su parte, el debate legislativo sobre esta posible reforma fiscal se mantiene abierto, con diversas voces solicitando un análisis profundo sobre el impacto económico en la industria y el mercado nacional. Se espera que en los próximos meses se lleven a cabo mesas de trabajo con representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar la viabilidad técnica de esta propuesta de ajuste impositivo.

La discusión pone de manifiesto la tensión constante entre la recaudación fiscal y la necesidad de financiar un sistema de salud que enfrenta una demanda creciente. Mientras el Congreso de la Unión analiza las posturas, el sector salud insiste en que la prioridad debe ser reducir los factores de riesgo que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.