Registran 43 homicidios de actores políticos durante administración de Salomón Jara

Durante los cuatro años de gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, diversas organizaciones y cifras oficiales han documentado un incremento en la violencia contra figuras públicas y sociales. El reporte destaca el asesinato de cinco presidentes municipales en funciones, además de ocho ex alcaldes que perdieron la vida en hechos violentos durante el mismo periodo administrativo. Estos sucesos han generado preocupación constante entre los habitantes y los diversos sectores políticos de la entidad.

La estadística presentada refleja una situación compleja en materia de seguridad, extendiéndose a otros actores clave de la vida pública estatal. Entre los casos registrados por las autoridades, se contabilizan también nueve líderes sindicales y 21 activistas y defensores de derechos de comunidades indígenas que fueron ultimados. Estas cifras subrayan un panorama de vulnerabilidad para quienes encabezan movimientos sociales o ejercen cargos de representación popular en municipios oaxaqueños.

Ante este escenario, la administración estatal ha mantenido mesas de diálogo y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para intentar contener los índices delictivos. El equipo de gobierno ha propuesto fortalecer los mecanismos de protección para candidatos y funcionarios, buscando una mayor colaboración con la Guardia Nacional y las instancias ministeriales correspondientes para el esclarecimiento de cada uno de los expedientes abiertos por la Fiscalía General del Estado.

Los analistas locales señalan que la dispersión geográfica y las disputas por el control político municipal son factores que complican la labor de seguridad pública en diversas regiones de Oaxaca. Si bien se han desplegado operativos especiales en las zonas con mayor incidencia, las organizaciones sociales demandan resultados concretos y un alto a la impunidad que, según acusan, prevalece en la mayoría de los casos de agresiones contra líderes comunitarios.

La situación permanece bajo observación de los organismos defensores de derechos humanos, quienes han instado a las autoridades a no criminalizar la labor de los activistas y a garantizar el ejercicio libre de la política en los municipios. Hasta el momento, las investigaciones sobre estos 43 homicidios siguen su curso en las instancias judiciales, mientras el gobierno estatal sostiene que la paz social es una prioridad de su agenda para el cierre de su periodo constitucional.