Registran reducción de homicidios en Michoacán tras fortalecimiento de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves sobre una tendencia a la baja en los índices de violencia en Michoacán. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, confirmó una reducción del 30% en el registro de homicidios en el estado, un periodo que inició tras los eventos violentos que culminaron con el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a finales de 2025.

Esta estrategia de contención, implementada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, incluyó el despliegue coordinado de elementos de la Guardia Nacional y efectivos de la SEDENA en zonas estratégicas de la entidad. Las autoridades federales trabajaron en conjunto con las fuerzas estatales para establecer cercos de seguridad en municipios prioritarios y puntos de tránsito identificados como focos rojos por la incidencia delictiva.

Según la información oficial, el despliegue operativo permitió una mayor capacidad de respuesta ante actividades ilícitas y el fortalecimiento de la inteligencia operativa en la región. El secretario enfatizó que la presencia constante de las fuerzas federales ha sido un factor determinante para la estabilización de las zonas que anteriormente presentaban mayores niveles de inseguridad.

El gobierno federal ha expresado que la estrategia de seguridad continuará bajo un esquema de evaluación constante para asegurar la paz en los municipios afectados. Se tiene previsto que la vigilancia se mantenga en los niveles actuales, con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos y prevenir el resurgimiento de grupos generadores de violencia en el territorio michoacano.

La administración estatal ha reconocido la importancia del respaldo federal para recuperar el orden en demarcaciones clave. Por su parte, la SSPC ha reiterado su compromiso de seguir trabajando en la desarticulación de células delictivas que operan en la región, manteniendo la coordinación con las fiscalías locales para garantizar que los procesos judiciales avancen conforme a la ley.