Empresarios y ciudadanos en Quintana Roo rechazan iniciativa contra consumo de alcohol

Representantes del sector empresarial, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo han expresado su rechazo formal a la iniciativa de ley que pretende criminalizar el consumo de alcohol en espacios públicos y privados. El descontento surgió esta semana tras la presentación de la propuesta ante el Congreso del Estado, argumentando que las medidas punitivas podrían afectar severamente la dinámica económica y social de los principales destinos turísticos de la entidad.

Los sectores involucrados sostienen que la iniciativa carece de un enfoque integral y preventivo, centrando su estrategia únicamente en la penalización. Según los voceros de las cámaras empresariales, criminalizar esta actividad podría resultar contraproducente para el desarrollo del turismo, pilar fundamental de la economía regional, además de generar un impacto negativo en la percepción de seguridad y libertad de los visitantes y residentes locales.

Por su parte, grupos de la sociedad civil han señalado que la propuesta requiere un análisis profundo sobre sus implicaciones en los derechos ciudadanos. Los colectivos argumentan que antes de considerar sanciones penales, el gobierno estatal y los municipios deberían fortalecer las políticas públicas de salud y prevención de adicciones, las cuales consideran que han sido insuficientes en los últimos meses debido a la falta de presupuesto y coordinación institucional.

La controversia ha escalado a nivel legislativo, donde diversos actores políticos han solicitado mesas de diálogo para revisar la viabilidad de la propuesta. Mientras los proponentes de la medida aseguran que buscan reducir los índices de altercados sociales, los críticos insisten en que el camino correcto es la regulación administrativa y la educación cívica, evitando en todo momento la criminalización de conductas que, bajo su perspectiva, deben abordarse desde el ámbito de la salud pública y la convivencia ciudadana.

Se espera que en los próximos días se realicen foros de consulta para escuchar las posturas de los diversos sectores afectados. El sector empresarial ha reiterado su disposición para colaborar en políticas que fomenten un entorno seguro, siempre y cuando estas no comprometan la competitividad turística ni vulneren las libertades civiles en la entidad.